La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer que el lunes fue presentado ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley “Adición de un artículo 250 ter al Código Penal: Manipulación de Competiciones Deportivas”, tramitado bajo el Expediente Legislativo N.° 25.683.
Previo a su presentación, la propuesta fue revisada y respaldada por las jefaturas de fracción de todas las agrupaciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa: Nogui Acosta Jaén, del Partido Pueblo Soberano; Álvaro Ramírez Bogantes, del Partido Liberación Nacional; Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana; José María Villalta Flórez-Estrada, del Frente Amplio; y Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana. Asimismo, fue suscrita por el diputado Rafael Ángel Vargas Brenes, quien se desempeñó como secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, y por el diputado Royner Mora Ruiz, quien ocupó el cargo de ministro del Deporte.
“La Federación agradece profundamente el firme respaldo brindado por todas estas personas, así como por la gran cantidad de diputadas y diputados que ya han manifestado su apoyo a la iniciativa”, dijo la entidad en un comunicado.
El proyecto fue elaborado por el equipo de la Oficialía de Integridad de la Federación Costarricense de Fútbol, bajo el liderazgo del oficial de Integridad, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, como respuesta a la necesidad de dotar al país de herramientas jurídicas eficaces para prevenir y combatir la criminalidad vinculada al deporte, especialmente la manipulación de competiciones deportivas o conocido popularmente como amaño de partidos.
Manipulación de competiciones deportivas
La propuesta plantea incorporar al Código Penal un nuevo artículo que sancione a cualquier persona que, directa o indirectamente, prometa, ofrezca, entregue, solicite, acepte o reciba dinero, dádivas, beneficios o ventajas de cualquier tipo con el propósito de alterar, manipular o predeterminar el desarrollo, el resultado parcial o final, o cualquier incidencia, aspecto, evento o fase de un partido o competición deportiva.
La sanción también se aplicaría cuando se busque influir fraudulentamente en el comportamiento de deportistas, equipos, árbitros, jueces, entrenadores, dirigentes u oficiales vinculados con la competición.
El proyecto comprende tanto competiciones profesionales como amateurs, oficiales o no oficiales, de carácter nacional o internacional, siempre que se realicen en territorio costarricense. De esta forma, no se limita únicamente a la alteración del marcador final, sino que también permitiría sancionar la manipulación de resultados parciales o de incidencias concretas del juego, como penales, expulsiones, tarjetas, tiros de esquina, faltas, goles en momentos determinados u otros eventos susceptibles de ser utilizados para obtener beneficios indebidos.
Para estas conductas se propone una pena de dos a cinco años de prisión. Además, la pena podrá aumentarse hasta en un tercio cuando la manipulación tenga como finalidad obtener ganancias derivadas de apuestas deportivas legales o ilegales, cuando se realice mediante amenazas o coacción, o cuando sea cometida por una persona que ocupe un cargo de dirigencia deportiva. Estas sanciones penales se aplicarían sin perjuicio de las medidas administrativas o disciplinarias que correspondan dentro del ámbito deportivo.
La iniciativa se sustenta en las mejores prácticas internacionales y en legislación comparada avanzada en esta materia, tomando como referencia criterios promovidos por organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la FIFA. Además se valoraron experiencias legislativas desarrolladas en países como España, Alemania, Paraguay, entre otros.
¿Por qué es importante?
Con esta iniciativa, la Federación Costarricense de Fútbol busca cerrar un vacío existente en la legislación nacional y brindar a las autoridades competentes mejores herramientas para investigar, perseguir y sancionar conductas que afectan la transparencia de las competiciones, la confianza del público, la seguridad de quienes participan en el deporte y la credibilidad de las instituciones deportivas. Además, procura prevenir que el deporte costarricense sea utilizado por redes vinculadas con apuestas ilegales, corrupción y delincuencia organizada.
“Se da un paso fundamental para seguir marcando camino del fair play dentro y fuera del campo de fútbol”, concluyó la Fedefutbol.
