En un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se anunció que el FC Barcelona deberá pagar una multa de 300 euros como resolución del caso que investigaba el fichaje del francés Antoine Griezmann.
El Comité de Competición de dicho órgano entiende que se cometió una infracción leve al Artículo 126 (incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias) y decidió imponer ese castigo pese a la polémica que se ha generado a su alrededor.
Todo comenzó cuando el Atlético Madrid denunció al elenco catalán por haber iniciado las negociaciones con el atacante campeón del mundo con Francia cuando el jugador aún tenía contrato vigente con ellos, a mitad de la temporada pasada. El Atlético consideraba insuficiente los 120 millones de euros pagados por Griezmann, porque consideraba que el acuerdo del jugador y su nuevo equipo se había empezado a gestar en marzo de 2019, cuando su cláusula de rescisión todavía era de 200 millones, y no a partir del 1 de julio.
Incluso el juez instructor, Juantxo Landaberea, había solicitado el cierre del estadio Camp Nou como sanción para el Barça. Pero finalmente el órgano de la Federación resolvió “la inexistencia de responsabilidad disciplinaria del jugador Antoine Griezmann por los hechos denunciados por el club Atlético Madrid”.
Tanto el magistrado como los directivos del equipo rojinegro consideraban que una multa de 300 euros resultaba insignificante por el poder económico de la institución blaugrana. De hecho, el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, había calificado de “poco serio” a un castigo económico de ese calibre.
En ese contexto, la Federación española reconoció que no es una suma significativa y explicó que es un castigo metafórico: “Es evidente que la cuantía de la sanción económica no guarda proporción alguna con la importancia de los hechos que han dado origen al presente expediente. Teniendo en cuenta la capacidad económica del club y el importe de la operación económica que ha dado origen a este expediente, este Comité es consciente de que el pago de 300 euros, más allá de su carácter meramente simbólico, no contribuirá a que el club sancionado (…) adecue su conducta a lo requerido reglamentariamente.”
Pero, a su vez, la RFEF entiende que la sanción del cierre del estadio solicitada por el juez instructor “parece estar pensada para infracciones de otra naturaleza”.
