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Federación Costarricense de Fútbol acordó pagar ₡6 millones para poner fin a demanda laboral por despido, pero ahora está en problemas.
La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) se comprometió a desembolsar un total de seis millones de colones, luego de alcanzar un acuerdo conciliatorio con una excolaboradora, quien había interpuesto una demanda laboral contra el ente rector del fútbol costarricense.
La sentencia de primera instancia se dictó el pasado 17 de septiembre de 2026 por el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela, dentro del expediente 24-000223-0639-LA y de la cual sensaciondeportiva.com tiene copia.
El proceso judicial, tramitado como un ordinario de despido, concluyó mediante una conciliación entre las partes, acuerdo que posteriormente recibió la aprobación de la autoridad judicial.
Durante la audiencia, celebrada de manera virtual, la excolaboradora estuvo acompañada por su abogado, mientras que la Federación Costarricense de Fútbol fue representada por un apoderado especial judicial.
Un acuerdo de seis millones de colones
Según lo establecido en la resolución, la Federación se comprometió a cancelar a la demandante un total de ₡6 millones, mediante un primer desembolso de ₡2 millones, programado para el 30 de septiembre de 2026.
Los restantes ₡4 millones deberían ser cancelados en cuatro cuotas mensuales de ₡1 millón cada una, con vencimientos previstos para el 30 de octubre, 30 de noviembre, 30 de diciembre de 2026 y 30 de enero de 2027, o el día hábil siguiente cuando corresponda.
De esta manera, la Federación tenía como fecha límite el 30 de enero de 2027 para completar la totalidad del compromiso económico, conforme a los términos establecidos judicialmente.
Incumplimiento de acuerdo judicial
El Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de Alajuela emitió, ayer viernes 9 de octubre de 2026, un oficio dirigido a entidades bancarias y cooperativas de ahorro y crédito del país, mediante el cual ordena la retención de fondos y otros valores pertenecientes a la Federación Costarricense de Fútbol.
La medida se produce luego de que la entidad federativa incumpliera el primer desembolso de ₡2 millones, cuyo vencimiento estaba establecido para el 30 de septiembre, como parte del acuerdo conciliatorio homologado judicialmente.
Orden judicial alcanza cuentas bancarias y otros valores
Un nuevo oficio judicial, firmado por el juez respectivo y del cual sensaciondeportiva.com tiene copia, establece una suma embargable de ₡6 millones y dispone expresamente la retención de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo, cajas de seguridad y cualquier otro valor comercial sujeto a la medida.
La orden fue dirigida a numerosas entidades financieras, entre ellas el Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular, BAC San José, Banco Promerica, Banco Lafise y otras instituciones bancarias y cooperativas de ahorro y crédito.
Asimismo, el documento dispone que cualquier suma efectivamente embargada deberá depositarse en la cuenta judicial correspondiente del Banco de Costa Rica.
La resolución también contempla la posibilidad de aplicar el embargo sobre fondos en moneda extranjera, utilizando su equivalente en colones al tipo de cambio correspondiente.
El propio oficio advierte que la orden mantiene su validez y vigencia hasta que la autoridad judicial disponga expresamente su levantamiento.
Federación fue notificada judicialmente
De acuerdo con el acta de notificación de la Oficina de Comunicaciones Judiciales del I Circuito Judicial de Alajuela, la Federación recibió el viernes 9 de octubre, a las 4:30 de la tarde, una comunicación judicial relacionada con este expediente.
La diligencia se realizó mediante correo electrónico y consta como entregada exitosamente al destinatario.
Por otra parte, aunque el oficio judicial confirma la existencia de una orden de embargo por ₡6 millones, la documentación disponible no permite determinar si las entidades financieras ya ejecutaron retenciones efectivas ni cuánto dinero habría sido inmovilizado.
De momento, la Federación Costarricense de Fútbol no ha emitido ninguna información al respecto.
Este es un episodio que, más allá de sus implicaciones económicas, coloca sobre la mesa la importancia del cumplimiento de las obligaciones laborales y judiciales por parte de las instituciones que administran el fútbol nacional.

